Cerca de dos años se han cumplido desde que la anterior Sala de lo Constitucional aceptó una demanda contra la interpretación de los diputados de la Asamblea Legislativa sobre la Ley Especial para las Intervenciones a las Telecomunicaciones (LEIT).
Sin embargo, desde el 31 de enero de 2018 hasta la fecha no hay una resolución sobre este caso.
En la referida fecha, los magistrados Sidney Blanco, Belarmino Jaime, Rodolfo Delgado y Florentín Meléndez aceptaron una demanda contra la interpretación auténtica del artículo 23 de la LEIT.
En la misma se aclaraba que el plazo para que destruir el material transcrito y de audio de escuchas telefónicas es de seis meses después de vencido el lapso de tiempo autorizado por el juez de instrucción correspondiente y que la Fiscalía General de la República (FGR) no la haya presentado como prueba en un juicio.
La denuncia fue presentada en ese momento por el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, y como medida cautelar los magistrados ordenaron que se suspendiera la entrada en vigencia de la interpretación auténtica, pese a que también había sido publicado en el Diario Oficial.
Tras ello, distintos profesionales del derecho han denunciado que a partir de la falta de resolución a la demanda ha perjudicado a sus representado ya que la misma Fiscalía sigue empleando prueba ilegal en su contra.
Entre los casos en los que se ha utilizado este criterio se encuentra el del exalcalde de Apopa, Elías Hernández. El juez Especializado de Sentencia “C” absolvió al exedil del delito de homicidio el 12 de julio de 2018, y en la lectura de la sentencia advirtió que enviaría un escrito al entonces fiscal general, Douglas Meléndez, para que investigara a uno de sus auxiliares por intentar usar escuchas ilegales como prueba en el juicio contra el exedil.
Algunos meses después, una investigación reveló el uso discrecional que el exfiscal Douglas Meléndez hizo de dicho centro, que incluso utilizó para casos políticos y hasta a posibles rivales en el proceso de selección del nuevo fiscal que asumiría el cargo el 6 de enero de 2019.
Por si fuera poco, a días de terminar el período de Meléndez, cuatro fiscales auxiliares y dos empleados administrativos lo denunciaron por coaccionarlos y hasta torturarlos para que sirvieran como testigos criteriados en el caso “Corruptela».
Actualmente, diferentes abogados denuncian que sus clientes son víctimas de imputaciones basadas en escuchas ilegales tras el vacío dejado por la anterior Sala de lo Constitucional, mismo que los actuales magistrados de esta entidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han resuelto.
