(Tomado de La NoticiaSV)
El abogado dedicado a litigios de naturaleza ambiental, Sergio Portillo Toruño presentó el martes 24 de septiembre, una solicitud de revocatoria para la cancelación del permiso ambiental de funcionamiento que la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl y su vicetitular Ángel Ibarra, emitieron ilegalmente a favor de PULSEM, la empresa propietaria del botadero del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a la petición presentada a Fernando López Larreynaga, actual ministro de Medio Ambiente, el Botadero del Puerto de La Libertad, ha incumplido desde el año 2015, con la normativa ambiental y técnica dispuestos para la operación de un relleno sanitario, ya que comenzó a funcionar cuando solamente contaba con un permiso de construcción; sin embargo, con la tolerancia y permisividad de la anterior administración pública, durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, se favoreció al señor Salume para que continuara recibiendo los desechos sólidos de distintos municipios, incluidos los recolectados en el municipio de Santa Tecla.
El abogado externó que, “la municipalidad de Santa Tecla, suscribió contratos de disposición final de desechos sólidos con PULSEM, representada por Nicolás Salume Pacas, por una cantidad mayor a $800 mil, entre los meses de agosto a diciembre 2017, cuando el Botadero del Puerto de La Libertad, no contaba con permiso ambiental para funcionar recibiendo desechos sólidos, sino que aún no había cumplido con los requerimientos técnicos para brindarle tal autorización. Es decir, que había un objeto ilícito en la contratación. Por tanto podrían haber inmersos delitos como Negociación Ilícita, Malversación y Contaminación Ambiental, por parte de la sociedad de Salume y el Alcalde Roberto D’aubuisson y su concejo municipal.
Los cuales también deben ser investigados por la Fiscalía” El profesional del derecho, resalta en su petición que ya en mayo 2018, un informe técnico del Equipo Multidisciplinario de la Corte Suprema de Justicia, confirmó el incumplimiento de las medidas ambientales en el Botadero del señor Salume; sin embargo, el abogado afirma que “Lina Pohl omitió iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio contra el Botadero, permitiendo que el señor Salume siguiera funcionando sin controles técnicos, contaminando los mantos acuíferos por escorrentías de lixiviados que corrían superficiales en el sitio; recibiendo cantidades de desechos que no estaba autorizado a recibir; y sobre todo contaminando el aire, al no realizar la captación y destrucción del gas metano que se produce con las altas concentraciones de desechos depositados en el botadero, los cuales son gravísimos para la salud de los habitantes de la zona y además producen el efecto invernadero.”
El abogado, también manifestó que “conociendo tales hechos, el MARN, no impulsó ninguna medida para evitar la continuidad del daño, de manera que un año después el impacto ambiental en la zona, que además es un corredor turístico del país, está altamente contaminada, además de la deforestación que se puede notar en la imagen comparativa, donde se logra observar que se deforestó el bosque de Teca, un pulmón para recuperar el oxígeno del área. Por el contrario, premió el botadero dándole finalmente el permiso ambiental ilegalmente, porque estaba contaminando, el 10 de diciembre de 2018, firmado por Ángel María Ibarra, quien fue designado expresamente por el presidente Sánchez Cerén, vía decreto ejecutivo para brindarle ese beneficio a Salume.”
“Ahora que estos señores –Salume- se quejan porque las instituciones están cumpliendo su función fiscalizante, yo pregunto: ¿Cómo fue posible que Lina Pohl, dejara que prevaleciera un negocio privado, antes que la salud y medio ambiente de todos los salvadoreños?”, concluyó Portillo Toruño.
