El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó la fase de investigación sumaria por el plazo de 60 días hábiles contra Ronald Danilo R. M., de 34 años, propietario de una cohetería que operaba de manera clandestina en Santa Ana, por el delito de infracción de las reglas de seguridad en perjuicio de la seguridad colectiva.
A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), impuso medidas alternas a la detención, consistentes en presentarse cada diez días a firmar en el juzgado, la prohibición de salir del país y no cambiar de domicilio.
Mientras que, por el delito de lesiones culposas en perjuicio de un adolescente de 13 años, el imputado concilió con el representante legal del menor por la cantidad de $1,200, de los cuales entregó durante la audiencia inicial $100; y a partir del próximo mes, entregará cuotas de $220 hasta completar el pago en octubre del presente año.
Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2026 al interior de una vivienda ubicada en la lotificación Jardines del Ranchador, en el distrito de Santa Ana, donde funcionaba un taller artesanal de elaboración de productos pirotécnicos.
En el lugar se produjo una explosión que dejó con múltiples quemaduras al adolescente de 13 años, quien había llegado fortuitamente a jugar al patio de dicha vivienda cuando ocurrió la explosión, resultando con múltiples quemaduras.
La víctima fue auxiliada y trasladada al Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue remitida al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en San Salvador.
Según el Instituto de Medicina Legal, el adolescente presenta quemaduras de segundo grado en el rostro y quemaduras en el 35 % de la superficie corporal total, así como una úlcera en el ojo izquierdo. Las lesiones tardarán aproximadamente 120 días en sanar, salvo complicaciones médicas.
El imputado fue capturado en flagrancia por el delito de lesiones culposas; y, tras las investigaciones, se le acumuló el delito de infracción de las reglas de seguridad, debido a que el taller no contaba con las autorizaciones legales emitidas por el Ministerio de la Defensa Nacional ni con la certificación de seguridad del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
Según las inspecciones realizadas, en el lugar se produjo una reacción química y posterior explosión debido a la imprudencia y mala manipulación de los materiales pirotécnicos.
