El presidente de CEL fue citado este lunes por la Comisión de Obras Publicas en la Asamblea Legislativa para explicar el proyecto cuya inversión paso de $207.8 millones a $759.4 millones, según explico.
La continuidad en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral dependerá de una autoría forense que será financiera por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así lo informó hoy el Presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
El titular de la autónoma asistió este lunes a la Asamblea Legislativa a solicitud de los diputados de la Comisión de Obras Públicas, para que explicara el estado actual del proyecto, previsto para una capacidad de generación de 67 megavatios (MW). Esta convocatoria se originó luego que el Presidente de la República, Nayib Bukele, considerada detener el proyecto, en construcción desde hace 11 años.
Durante su intervención Daniel Alvarez confirmo a los diputados y al pueblo salvadoreño que el proyecto aumento su costo en un 134%, pues paso de $207.8 millones a $759.4 millones. “Así como hubo una carretera de oro, El Salvador también tendrá su presa de oro” dijo.
El Presidente de CEL comentó que a su llegada encontró varias irregularidades en el proyecto, no solo en el incremento desmedido de la inversión sino que la antigua administración liderada por David López bajo el gobierno del FMLN no realizó las evaluaciones técnicas para constatar la viabilidad de la obra en aquel momento.
“Además de eso, desecho una evaluación técnica que realizaba una empresa consultora de prestigio internacional en la materia donde aseguraba que no era viable continuar” explica Alvarez, quien revelo que el proyecto siguió su curso sin tener un diseño final en la construcción y menos una figura integradora de los contratistas, que en su mayoría representan un atraso en algunas obras de más del 50%.
El titular dijo que El Chaparral ha tenido al menos 7 directores, todos con una visión diferente del proyecto y algunos sin las credenciales técnicas para liderar la obra, además explico que la antigua administración decidió continuar de forma arbitraria sin tener todas las tierras compradas que se inundaran por el embalse.
Álvarez agregó que en el caso que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) y que involucra a ASTALDI y al expresidente Mauricio Funes por un arreglo directo de $108 millones, las anteriores autoridades de la CEL guardaron silencio en el proceso. “Es por ello que bajo mi administración nos nombramos querellantes para salvaguardar el patrimonio de la institución y recuperar el dinero que se robaron” aclaro.
El Presidente de CEL revelo que en los próximos días presentaran un aviso a la fiscalía para que investiguen estas irregularidades encontradas en la fase 2 de la construcción del Chaparral.
