A pesar de lo ordenado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de hacer de dominio público el contrato que tienen con la empresa colombiana Teclaseo, el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y su concejo municipal no van a cumplir la orden, según lo denunció el abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez.
El alcalde d’Aubuisson ya ha dejado de manifiesto que no tiene intenciones de brindar tal información, en la que se establecen las condiciones contractuales de la cesión y contrato a 24 años con dicha empresa extranjera, a pesar que utiliza fondos públicos.
El profesional del derecho Lemus Vásquez solicitó la información al IAIP. El instituto exigió al alcalde arenero proceder a hacer público el contrato, así como los pagos que realiza con las tasas que cobra a los tecleños.
“Nadie se explica por qué las autoridades encargadas de velar por los intereses de los ciudadanos (Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, CJS) protejan al alcalde tecleño y no procedan a investigarlo, principalmente cuando hay una precalificación adulterada de selección de empresa”, expresó el abogado.
No obstante, en una auditoria especial de la Corte de Cuentas se reveló que el contrato con la empresa colombiana es “lesivo a los intereses de Santa Tecla”; que no se llevó a cabo los requisitos para contratar; que regalaron todos los camiones y equipos de transporte y recolección propiedad de Santa Tecla, sin la debida autorización de desafectación según ordena la ley.
Se “conoce además que los fondos son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio; tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. Teclaseo no posee relleno sanitario, por lo que hace uso de uno que es altamente cuestionado”, agregó Lemus Vásquez.
El pasado 18 de junio, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, acudió a la FGR a interponer un aviso penal contra d’Aubuisson y su concejo municipal por negarse a acatar una sentencia definitiva e inapelable, que le ordena reinstalar a decenas de empleados que despidió en 2018 para privatizar el servicio de recolección de basura en el municipio.
De manera pública, el ministro Castro ha exigido al Fiscal General, Raúl Melara, que procese a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo, comete omisión en la investigación, por lo que acudirá a instancias internacionales.
El abogado expone que “se sabe también que quien participó en la negociación de ese contrato fue Fidel Melara Morán, hermano del Fiscal General, por lo que se ha solicitado que no conozca del caso y en su lugar lo haga el fiscal adjunto”, señaló.
