A pesar de las denuncias que han realizado cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre que fueron presionados y sometidos a vejámenes para “fabricar” el caso “Corruptela”, los magistrados de la Cámara 1° de lo Penal de San Salvador revocaron las medidas cautelares emitidas a favor de 15 imputados en el proceso.
Fue el pasado 21 de octubre que la jueza 4° de Paz, Nelly Pozas, decretó medidas sustitutivas a la detención a favor de 15 implicados en el caso “Corruptela”, entre los que se incluye a la esposa del exfiscal general de la República Luis Martínez.
La Cámara ordenó la recaptura del exgerente de la FGR, Mauricio Antonio Yanes, del exgerente de Recursos Humanos de la misma institución, José Dolores Zelaya Mendoza y del excolector de patrimonios especiales, Lito Morales Gutiérrez.
“Se confirmó que ya han sido recapturados”, publicó ayer la Fiscalía en su cuenta de red social, Twitter.
En el caso Carla Francesca García, esposa del exfiscal Luis Martínez, los magistrados resolvieron que siga en libertad durante el proceso, siempre que pague una fianza de $100 mil, pese a que tiene inmovilizadas cuentas bancarias y otros bienes.
La misma medida se giró a favor Edgar Márquez, exfiscal general adjunto, quien tendrá que pagar una caución económica de $100 mil para ser procesado en libertad, lo mismo que para Aldo Vinicio Parducci Meléndez, Nelson Humberto López Jiménez y Moisés Adalberto Torres Polanco.
Para 15 indiciados en este caso se ordenó que deben entregar una fianza de $25 mil y el resto se les ordenó que deben presentarse al Juzgado 4° de Instrucción a firmar y no podrán salir del país.
Recientemente, el diario digital Cronio.sv, publicó detalles sobre las presiones y amenazas a las que fueron sometidos los funcionarios fiscales por parte del exfiscal genera, Douglas Meléndez, para declarar como testigos criteriados en el caso denominado “Corruptela”, y en los cuales se evidencia que se cometió el mismo fraude en el proceso contra el empresario Enrique Rais.
Según la denuncia presentada la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por los fiscales y empleados administrativos, fueron sometidos por parte de Meléndez para declarar sobre hechos falsos que imputarían a 15 personas, en el llamado caso Corruptela.
