La ONG Cristosal se pronunció ante el Estado de Excepción aprobado por la Asamblea Legislativa (AL) a petición del Gobierno asegurando que el Decreto 333 fue aprobado con dispensa de trámite y está viciado de varias falencias que derivan a las vulneraciones a la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos.
Asimismo, Cristosal precisó que la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ha establecido que una situación de alza de homicidios, si bien es grave, no justifica por sí misma un régimen de excepción.
Por otra parte, la ONG argumentó que la AL “omitió realizar un examen de proporcionalidad de los alcances de la suspensión de derechos y garantías, generando inseguridad jurídica” y que la ambigüedad en el decreto 333 abre las puertas a la arbitrariedad en las actuaciones de las autoridades.
De igual manera, criticaron que en el caso de una detención administrativa la persona pierde el derecho de ser informada por lo que se le arresta, a contar con la asistencia de un abogado y a no ser obligada a declarar.
Cristosal afirma que el documento en varias de sus partes constituye una violación a los derechos humanos protegidos por la Constitución y tratados internacionales que tienen fuerza de ley, por lo que piden al Gobierno e instituciones de justicia que eviten la improvisación y que apeguen sus actos a las normativas.
