El titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, detalló este lunes que la institución que preside está investigando el asesinato del dirigente de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), Weder Meléndez, sucedido el pasado 7 de agosto, en la colonia Guatemala, de San Salvador.
Durante una entrevista, Castro aseguró que el asesinato del dirigente tuvo tintes “políticos” y señaló al director de Desarrollo Municipal de la alcaldía de San Salvador, Juan Carlos Montes, de tener vínculos con estructuras criminales.
“El dirigente sindical había denunciado la retención de cuotas y qué pasó, días después fue vilmente asesinado y con el único que había tenido problemas es con el alcalde Ernesto Muyshondt y miembros de su concejo municipal por la retención indebida”, detalló.
De igual forma, el ministro, dejo entrever que el concejal Juan Carlos Montes tendría cierta participación en el hecho. “Juan Carlos Montes es una personas que tiene vínculos con grupos criminales y lo sigo manteniendo. La FGR lo debió capturar al momento en que me fue a denunciar. Me tiene sin cuidado, cuando fui trabajador me interpusieron 20 demandas, ahora que soy ministro me tiene sin cuidado”, dijo.
De acuerdo con el ministro Castro, Weder Meléndez tenía 15 años de ser dirigente sindical y “nunca tuvo problemas con nadie, con el único fue con el alcalde y posteriormente fue asesinado con lujo de barbarie, 10disparos, fueron contratados sicarios”, afirmó.
Tras el asesinato, el funcionario de gobierno expresó que como representante ante la Organización Internacional del Trabajo deberá rendir un informe por el homicidio del dirigente y por eso el ministerio realiza una investigación bastante seria. «Cada día estamos convencidos que ese asesinato tuvo un móvil eminentemente político”, informó.
El proceso sancionatorio contra la alcaldía de Santa Tecla
Esta mañana, el ministro Castro, también se pronunció sobre la resolución emitida por un juzgado por procesos acumulados contra la Alcaldía de Santa Tecla.
Castro pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) proceder contra el alcalde Roberto d’Aubuisson y su concejo municipal. “En Santa Tecla hay poco que hacer, el fiscal debe de actuar porque hay una sentencia definitiva”, sostuvo.
d’Aubuisson y su concejo municipal se han negado a acatar una sentencia definitiva e inapelable, que le ordena reinstalar a más de 160 empleados que despidió en 2018 para privatizar el servicio de recolección de basura en el municipio.
