Abogados de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) presentaron ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una denuncia contra la Ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl por no tomar acciones inmediatas contra el relleno sanitario Melara, ubicado en el Puerto de La Libertad.
De acuerdo al documento interpuesto, la funcionaria en cuestión habría incurrido en «Retardar la aplicación de medidas cautelares o de protección ambiental» respecto al caso, a pesar de las constantes denuncias y manifestaciones.
Se señala a Pohl también por retrazar «…los procedimientos administrativos sancionatorios» contra el relleno sanitario.
Esto debido a a que es considerado un «grave incumplimiento de no contar con permiso ambiental de operación y funcionamiento para disponer la cantidad de desechos sólidos que se encuentran recibiendo».
Junto con la denuncia contra Pohl, también se presentó documentación probatoria respecto al caso descrito.
Por lo que se pide al TEG proceder a «sancionar a la licenciada Lina Dolores Pohl, en su calidad de Ministra de la Cartera de Estado denominada Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la presunta infracción a la norma ética contemplada en el artículo 6, letra «i» de la LEG (Ley de Ética Gubernamental)».
Unión de Sindicatos solicita al Fiscal Douglas Meléndez que cumpla la ley
Una petición de antejuicio contra la ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, fue presentada ante la Asamblea Legislativa y enviada a la Fiscalía General de la República (FGR) por los parlamentarios.
Los diputados dieron luz verde a dicha solicitud presentada por abogados de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por haber revelado información de un contrato de MIDES y la alcaldía de Santa Tecla.
En la solicitud se señala la actitud de la funcionaria durante los ocho días en que los alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador tomaron la decisión de no enviar los desechos sólidos a MIDES.
La ministra habría violado el artículo 320 del Código Penal que establece que “el funcionario o empleado público o encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto arbitrario contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremio ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Los abogados de MIDES sostienen que Pohl habría incumplido la normativa expuesta en el programa Diálogo con Ernesto López.
Unión de Sindicatos solicita al Fiscal Douglas Meléndez que cumpla la ley