Abogados nicaragüenses solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de ese país declarar ilegal la ciudadanía del prófugo de la justicia Mauricio Funes y su familia.
De acuerdo a los reportes, La CSJ de Nicaragua admitió a estudio una demanda interpuesta por dos abogados contra las autoridades del Ministerio de Gobernación por supuestamente dar de manera arbitraria la ciudadanía del expresidente Mauricio Funes.
Medios locales de Nicaragua confirmaron la información, que señaló que los abogados que interpusieron el recurso de amparo son Julio Montenegro y José López, integrantes de un grupo denominado Defensores del Pueblo, dedicados a defender a presos políticos del régimen de Daniel Ortega.
Los abogados nicaragüenses aseguran que el gobierno de Ortega dio asilo y luego la ciudadanía de forma arbitraria. Argumentando que la solicitud de asilo político, según el reglamento de la Ley General de Migración y Extranjería, debe realizarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR) o en la Dirección General de Migración y Extranjería. Y no como hizo Funes, ante Cancillería.
Ahora los abogados decidieron acudir ante la Corte Suprema porque el recurso fue rechazado “de forma expedita por la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, presidida por el magistrado orteguista Gerardo Rodríguez en octubre de 2019”.
La CSJ aceptó analizar la demanda, según La Prensa, la Sala Constitucional de Nicaragua debe abrir el caso, “escuchar a las partes implicadas, incluyendo a la Procuraduría General de la República como abogado del Estado y luego se pronunciarán si fue o no legal el proceso mediante el cual otorgaron dichas ciudadanías”. Los abogados buscan que se declaren ilegales las nacionalidades.
Funes y su familia huyeron hacia Nicaragua en el año 2016, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) tenía investigaciones por supuestos actos de corrupción durante su mandato presidencia (2009-2014) bajo los colores del FMLN.
Desde entonces, la FGR ha presentado ante la justicia cuatro investigaciones contra Funes, entre ellas está el desfalco de $351 millones de fondos públicos con una red conocida como “Saqueo Público”.
Por ello, Ortega decidió darle asilo político a Funes y su familia, teniendo en cuenta que la Constitución de ese país prohíbe entregar sus ciudadanos aunque sean reclamados judicialmente por otras naciones.
