Frente a una pandemia los Gobiernos necesitan herramientas efectivas para poder cumplir el rol constitucionales proteger la vida.
Cuando el Coronavirus empezaba a germinar, el Gobierno de El Salvador adoptó decisiones con celeridad en aras de proteger al pueblo de una pandemia que traía consigo una nube de luto.
Rápidamente el Presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó la cancelación de los vuelos procedentes de países que eran focos de infección, luego el cierre total de los aeropuertos.
En un primer momento de la pandemia el Gobierno contaba con todas las herramientas necesarias para adoptar decisiones eficientes, en esos momentos El Salvador logró retrasar el ingreso del Coronavirus, tiempo vital que se tradujo en un menor número de víctimas que lamentar.
Frente a esta situación, en un hecho único en el mundo, la oposición política empezó a boicotear cualquier medida que el Órgano Ejecutivo adoptaba, para ello se valieron de entrampamientos dentro de la Asamblea Legislativa y sendas demandas de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional.
Lo dicho anteriormente, paulatinamente fue restando facultades al Gobierno, al grado de declarar como inconstitucionales diferentes cuerpos normativos que aseguraran un estado de emergencia nacional, mientras la pandemia cobraba cientos de miles de muertes en todo el mundo.
Resulta evidente como en El Salvador los diferentes recursos constitucionales se han vuelto armas que los dos partidos tradicionales usan para torpedear cualquier acción del Gobierno, en oscuro propósito de tipo político.
Es tiempo que en la nación cese el manejo político con propósitos partidarios que minan las acciones del Ejecutivo, máxime cuando una tragedia de globales proporciones afecta la vida del pueblo.
