El pasado 23 de abril en conferencia de prensa, la Ministra de Economía, María Luisa Hayem, el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal y otros representantes del sector empresarial, dieron a conocer un paquete de medidas económicas y fiscales adicionales, trabajadas en conjunto con el sector privado, para paliar los efectos de la crisis por la pandemia del COVID-19.
La Ministra Hayem, reafirmó que “Así como el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha tenido un compromiso fuerte con la salud de los salvadoreños, tenemos el mismo compromiso con la economía salvadoreña”.
Asimismo, la Ministra Hayem destacó que “La idea detrás de este programa es inyectar la liquidez necesaria, la cual reconocemos es uno de los principales desafíos que están enfrentando las empresas salvadoreñas”. En esta misma línea, el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro expresó que “Este plan busca complementar las 30 medidas del Plan de Respuesta y Alivio Económico que están vigentes para ayudar a los sectores sociales más vulnerables”.
Los funcionarios del Ejecutivo se hicieron presentes este día en la Asamblea Legislativa para entregar a los diputados las medidas anunciadas el día de ayer, esperando contar con el respaldo del Órgano Legislativo para su pronta implementación.
Entre las nuevas medidas económicas y fiscales adicionales se encuentran:
- La creación de un fideicomiso por US$600 millones, que sería administrado por BANDESAL, el cual tiene como prioridad atender las necesidades de las MIPYME y del sector informal. Este sería distribuido de la siguiente manera:
- US$360 millones destinados a un programa de otorgamiento de créditos a bajas tasas de interés enfocado para las MIPYME, cuyas operaciones se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19.
- US$100 millones para un programa de financiamiento productivo para empresarios del sector informal, el cual será coordinado por CONAMYPE.
- US$140 millones para un programa de subsidio para empleados de las MIPYME, en el cual el Gobierno estaría cubriendo el 50% del salario de cada empleado al menos por un mes.
- US$50 millones de dólares mensuales, mientras dure la emergencia, para la adquisición de paquetes alimenticios que serán entregados a 1,7 millones de familias salvadoreñas, para garantizar la seguridad alimentaria de la población.
- Prorrogar hasta el 30 de junio la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta y el pago a cuenta al Ministerio de Hacienda, como una medida de apoyo a las MIPYME que se han visto afectadas por la emergencia nacional ante el COVID-19.
En relación a las nuevas medidas económicas compartidas por las autoridades en conjunto con el sector empresarial, el presidente de la ANEP, Luis Cardenal reafirmó que “Estos acuerdos que se presentan son el fruto de más de tres semanas de reuniones con el Gobierno. Vemos un compromiso real de este Gobierno en apoyar a la economía y eso es positivo. Esperamos salir pronto de esta crisis”.
Los titulares expresaron que, esperan que las medidas económicas y fiscales adicionales presentadas este día, cuenten con el respaldo de decretos legislativos los cuales presentarán los próximos días ante la Asamblea Legislativa.
Estas iniciativas se suman a las 30 medidas del Plan de Respuesta y Alivio Económico lanzado por el Presidente Bukele el pasado 20 de marzo, dentro de las que se encuentren el pago diferido de 3 meses de los servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones; la suspensión de la contribución especial al turismo por 3 meses; el congelamiento de los cobros de créditos personales, hipotecarios, tarjetas de crédito por 3 meses; la activación del Comité Técnico de Facilitación de Comercio para asegurar un flujo ágil de mercancías en las fronteras; la facilitación de compras en línea; el monitoreo y vigilancia de precios de productos en el mercado nacional y la entrega del bono de compensación de US$300 a la población más vulnerable.
