El Salvador cuenta con una Ley de Emergencia con vigencia hasta el 29 de mayo, establecida por mandato a través de la Sala de lo Constitucional. Sin esta, los salvadoreños podrían perder las garantías que actualmente gozan como el no pagar los servicios de agua, luz, televisión por cable, telefonía, arrendamiento, entre otros.
Sobre la coyuntura legislativa, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, afirmó que “la población debe saber que hasta esa fecha no pueden ser despedidos, ni hacerles cobros indebidos, entre otras restricciones, a raíz de la situación (de emergencia por el COVID-19)».
Por ello, este día el Ejecutivo se reúne nuevamente con los diputados de la Asamblea Legislativa en espera de lograr un acuerdo que permita declarar un nuevo Estado de Emergencia. Respecto de la reunión de ayer, el secretario jurídico manifestó que se han logrado avances e importantes acuerdos en la construcción del nuevo proyecto de Ley de Emergencia, la cuarentena y la reactivación económica.
«Nosotros no hemos pretendido saltarnos ningún procedimiento, pero hemos actuado bajo la normativa de la Ley de Protección Civil para afrontar la emergencia de COVID-19”, dijo el funcionario.
En cuanto a los señalamientos de los diputados sobre el uso discrecional de fondos que ha hecho el Estado, Castro aseguró que los funcionarios del gabinete de Gobierno han manifestado la total apertura a que se les audite. La Corte de Cuentas ya ha iniciado esta labor en la que también participa la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) con el fin de demostrar el uso de los fondos.
La transparencia, además, tiene el objetivo de contar con la aprobación de la Asamblea para ratificar los préstamos aprobados, sin los cuales al Estado le será difícil continuar los planes sanitarios y cumplir con los compromisos financieros.
“Para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, es importante transparentar el uso de fondos, sobre todo de la emergencia”, aseguró Castro.
El funcionario enfatizó que es necesaria la aprobación de los fondos para la emergencia, de los cuales una parte va para el Órgano Ejecutivo y otra para las alcaldías, para apoyar a la economía de todas las municipalidades que están siendo afectadas por la emergencia.
