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El Senado de Francia aprobó esta semana una controvertida disposición incluida en el proyecto de ley de Justicia, presentado por el ministro de la cartera, Éric Dupond-Moretti.
Medios franceses han informado que la medida introduce modificaciones significativas en el procedimiento penal y ha generado un acalorado debate en la esfera política y legal.
Una de las disposiciones más discutidas es la autorización para la activación remota de cámaras y micrófonos en teléfonos móviles, sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas involucradas.
Esta medida tiene dos objetivos principales: la geolocalización en tiempo real en casos específicos de delitos y la captura de imágenes y sonido mediante la activación de cámaras y micrófonos, restringida a situaciones relacionadas con el terrorismo y la delincuencia organizada.
Sin embargo, esta disposición ha generado una amplia preocupación entre defensores de los derechos civiles, organizaciones y grupos de la sociedad civil.
En ese sentido, el Observatorio de Libertades y de lo Digital (OLN) ha denunciado que esta medida supone un “exceso de seguridad” y que convierte cualquier dispositivo conectado en un potencial instrumento de vigilancia masiva.
