El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador realizó este miércoles la audiencia inicial en contra de los exministros de la Defensa Nacional, Gral. David Victoriano Munguía Payés y José Atilio Benítez, además contra el expresidente del partido ARENA, Carlos Gustavo Roberto López Davidson, el Cnel. Manuel de Jesús Romero, Héctor Abel Herrera Mejía y el reo ausente, Gral. Rafael Melara Rivera. Todos vinculados a un caso de desfalco al Estado por medio de armas.
Sobre esta audiencia, la resolución será dada a conocer este jueves a las 2:00 de la tarde. Ante el tribunal correspondiente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha pedido instrucción con detención para los imputados; mientras que los defensores han solicitado al juez medidas sustitutivas para sus representados, al considerar que éstos son inocentes.
Según la acusación de la Fiscalía, esta investigación se originó en noviembre de 2019, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual Ministro de la defensa René Mauricio Merino Monroy, por posibles hechos delictivo cometidos por antiguos ministros.
La FGR señala en su acusación, que los hechos iniciaron en agosto del 2011, cuando el entonces Ministro de Defensa Munguía Payés, ordenó que se realizará el informe de reevaluación de material de guerra, para sacar un inventario de armas que se podían incluir en una permuta de tipo subasta. Asimismo, al exfunfionario se le acusa de haber permitido el vencimiento de la fianza de $2,051,893.00 “sabiendo que los obuses no eran funcionales”.
Asimismo, el documento interpuesto detalla que supuestamente en el 2013, cuando el General Benítez, Ministro de Defensa de ese entonces, autorizó la formación de una directiva que sirvió de base para regular la permuta tipo subasta, de material de guerra obsoleto y en mal estado del inventario general de la Fuerza Armada.
Además, se le acusa de haber adjudicado la permuta a CENTRUM S.A de C.V, y que dentro de la subasta incluyeron 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3, las que supuestamente no tendrían que haber sido incluidas.
La fiscalía señala además que con el contrato, el Ministerio de la Defensa entregó en calidad de permuta 14, 930 armas de fuego, 27,721 cargadores, así como cartuchos y repuestos de fusil en mal estado, valorado en $2, 051,893.00.
Por otra parte la fiscalía señala que Romero firmó con el representante de CENTRUM S.A de C.V un acta en la que hacían constar que los obuses se encontraban en buen estado y buena calidad y que al parecer no era cierto.
Mientras tanto, a López Davidson, como Representante legal y dueño de CENTRUM S.A de C.V,, se le señala de ser el beneficiario directo de la permuta, en la que el Estado Salvadoreño salía afectado, porque presuntamente se benefició de armas y municiones del Ministerio de Defensa Nacional y de haber entregado Obuses en mal funcionamiento.
Presuntamente los imputados causaron un perjuicio económico al Estado Salvadoreño por un monto de $2,706,472.
