Roberto Rubio, actual Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), fue investigado en 2017 por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual abrió un expediente por supuesto delito de lavado de dinero y activos.
Según indica una publicación de Diario La Página (DLP), el expediente se encuentra activo pero podría ser archivado el próximo año.
El caso está a cargo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR. Este inició tras la declaración de testigos que indican que Rubio “recibió varios millones de dólares de la partida secreta y esto fue ingresado a las cuentas de FUNDE y otras empresas relacionadas al caso”.
La FGR investigó empresas vinculadas al Rubio, además, realizó seguimientos para determinar con quiénes se reunía. Debido a diferentes indicios del Ministerio Público, solicitó investigar la relación existente entre Rubio y Pablo Gómez, el exasistente de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, que era encargado de sacar el efectivo de la partida secreta y que guarda prisión por su vinculación en los casos de corrupción de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Entre los documentos de la investigación figuran varias cotizaciones de los empleados de FUNDE realizadas durante varios años. La Fiscalía determinó que Rubio fue miembro de la junta directiva de la empresa RUDA S.A. de C.V., junto al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el abogado de la familia Dueñas, Juan Pablo Ernesto Córdova Hinds.
Lo que generó sospecha en el ministerio público es que dicha empresa está habilitada para realizar cualquier tipo de transacción financiera, pero inició como una sociedad para desarrollar tareas agrícolas.
Además las diligencias revelarían que Rubio tiene dos propiedades a su nombre, una de 13 mil metros cuadrados de extensión en La Reina, Chalatenango; y otra con múltiples hipotecas en su historial en
Jucuarán, Usulután, y además lo relacionan a un terreno en la residencial Altos de Tenerife y una vivienda en la colonia Loma Linda.
Aunque no se han revelado cifras, el caso se encuentra activo en la Fiscalía pero podría ser archivado el próximo año, según el protocolo fiscal. Desde la Fundación Transparencia, el empresario Adolfo “Fito” Salume ha denunciado a Roberto Rubio y otros exfuncionarios vinculados con una serie de recibos de sobresueldos, que se acostumbraba pagar en la
administración del entonces presidente Elías Antonio Saca (2006-2009).
Por ser dinero que no estaba especificado su uso en la ley de salarios de cada ejercicio fiscal, no se declaraba en el impuesto sobre la renta por parte los funcionarios que recibían los sobresueldos, por lo que desde la denuncia del empresario Salume podría configurarse el delito de lavado de dinero.
Por otro lado, esta no es la primera vez que el nombre de Juan Pablo Ernesto Cordova Hinds es mencionado en una investigación de una irregularidad, hace 10 años cobró relevancia cuando con el hoy exmagistrado formaban parte de la empresa que compró los terrenos a la cooperativa El Espino, a a la que se acusó de talar árboles en la propiedad con la que todavía se había quedado la referida
cooperativa.
Juan Pablo Ernesto Cordova Hinds también fue parte del equipo de abogados contratado por La Geo para recuperar el control accionario de la empresa energética entregada a la italiana ENEL. Finalmente el litigio que se definió en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), con resultado favorable para El Salvador gracias a la firma de abogados de la cual es socio el exmayor del ejército salvadoreño, Luis Parada, sin la intervención de Cordova Hinds.
