El Fiscal General de la República inició el 2020 y su segundo año al frente de la FGR con una serie de mensajes en redes sociales en los que se comprometió ante los salvadoreños a “eliminar la impunidad que durante años” ha sometido al país.
Utilizando su cuenta personal en Twitter, Raúl Melara afirmó que “perseguirá eficazmente todos los delitos”, entre ellos “la corrupción y los homicidios”.
Analistas, abogados y políticos consideran vital que Melara investigue y presente resultados del uso ilegal del centro de escuchas telefónicas por parte de su antecesor Douglas Meléndez Ruiz, quien ya ha sido denunciado reiteradamente por dicha situación y consta en auditorías de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Los medios de comunicación publicaron sendos reportajes sobre cómo Meléndez Ruiz y su equipo de fiscales cercano intervino el Centro de Escuchas Telefónicas en poder de la FGR para oír sin autorización de jueces a empresarios, diputados, políticos, abogados y periodistas. Esto consta en una de las auditorías realizadas por la PDDH y que fue hecha pública.
Dicha auditoría revela que el exfiscal general comisionó a su primo Will Walter Ruiz y al director del Centro de Escuchas, Froilán Coto, para escuchar conversaciones telefónicas sin una orden judicial de personalidades como Roberto Murray Meza, Tomás Regalado, Mario Salaverría (hombre de confianza de Tomás Regalado), Norman Quijano, José Roberto Dutriz, Juan Wright, Mauricio Interiano, José Luis Merino, Herbert Saca, Medardo González, Manuel (Memo) Rodríguez, Francisco “Chico” Merino; Adolfo “Fito” Salume, Norma Guevara, Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Howard Cotto, Edwin Baños, Ernesto López, magistrado López Jerez.
Varias auditorías realizadas por la PDDH revelan que el ex fiscal Douglas Meléndez Ruiz violó varias veces la ley de escuchas, que ordena contar estrictamente con una orden judicial para intervenir teléfonos de cualquier persona.
Una de las auditorías realizada en 2015 por la PDDH confirmaría otros delitos realizados por el exdirector del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones (CIT), Sigfredo Campos Crespo, quien ante el juez 5º de Paz confesó y declaró que él intervenía teléfonos sin tener autorización o una orden del fiscal general en ese entonces, Luis Martínez.
Campos Crespo dijo que él “tenía el control total del centro de escuchas”, por lo que decidió actuar solo, sin informar siquiera al exfiscal Martínez.
Otra auditoría hecha pública de la PDDH al Centro de Intervenciones a las Comunicaciones Telefónicas en poder de Douglas Meléndez también reveló que de 61 expedientes auditados sólo dos cumplieron con la Ley Especial de Intervención a las Telecomunicaciones (LEIT).
Según la fuente, el director del CIT, Froilán Coto, habría interferido y escondido la información requerida por la Procuradora Raquel Caballero de Guevara. Aún así se logró certificar que de los 61 expedientes sólo dio acceso a 41 de ellos “y estos tienen graves ilegalidades”, aseguró.
Según una fuente, se desconoce cuánta información fue sustraída por el exfiscal Meléndez y con qué objetivo.
El fiscal Melara asume el reto en su segundo año de gestión.