El Plan Control Territorial es la estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, que de forma sostenida está dando resultados positivos en la cifra de homicidios y otros delitos. Sin embargo, dos préstamos para garantizar la sostenibilidad del plan siguen estancados en la Asamblea Legislativa.
Durante la gestión del Presidente Bukele se registran 26 días sin homicidios y el promedio de asesinatos ronda los dos cada día. El Plan Control Territorial, incluso, es considerado un modelo a seguir por países de la región.
“Los datos nos indican que la seguridad pública va por el rumbo correcto. Hemos tenido la capacidad de sostenerlo en el tiempo, a pesar de que no hemos recibido un solo cinco para el Plan, lo cuales en su momento se llevaron a la Asamblea Legislativa”, afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.
Para la implementación del Plan Control Territorial se invertirán $575.2 millones, de los cuales $200 millones serían financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); estos a su vez se dividen en dos préstamos: uno por $91 millones para la fase II, llamada “Oportunidad”, y otro por $109 millones para la fase III, denominada “Modernización”.
El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, ha acudido en reiteradas ocasiones a la Asamblea Legislativa para detallar el destino que tendría el préstamo de $109 millones, sin lograr el apoyo de los parlamentarios.
El detalle de ese crédito es el siguiente: $25.9 millones para equipamiento, infraestructura y videovigilancia; $46.9 millones para movilidad estratégica; $2.6 millones para equipamiento, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 millones para equipo táctico; $12.9 millones para equipo médico; y $3.3 millones para la administración y supervisión del préstamo.
Para cada empréstito se requiere tres votaciones de los parlamentarios: una para suscribir el contrato, otra para ratificar y una tercera votación para incorporar los recursos al Presupuesto General de la Nación. Para el préstamo por $91 millones hace falta la ratificación y la incorporación de fondos; mientras que para el de $109 millones están pendientes las tres votaciones.
