Los afectados solicitan que les permitan habitar las casas que ya les fueron entregadas pero que por la suspensión de la obra no tienen acceso a una vivienda digna.
Los miembros de la Asociación de Propietarios de Acropolis Sonsonate (APAS) han externado su preocupación por la suspensión de la obra que pesa sobre el proyecto habitacional Acropolis, en el municipio de Nahulingo, Sonsonate, y que afecta a más de 100 familias que están pagando por una vivienda en el proyecto, pero que aún no pueden habitar por una medida cautelar emitida por el Juzgado Ambiental de Sonsonate, luego de una acción promovida por los ministerios de Medio Ambiente y Cultura.
Según comentó José Adiel Gámez Iglesias, vocero de APAS, y uno de los afectados por la medida judicial, las viviendas ya les fueron entregadas por parte de la empresa Inversiones e Inmobiliaria Fénix; sin embargo, debido a la paralización de los trabajos no pueden acceder a sus viviendas para habitarlas-
Para APAS es urgente la intervención por parte el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, ya que se les están violentando derechos constitucionales, según lo externaron, como el no acceder a una vivienda digna.
«Hasta el momento los ministerio de Medio Ambiente y Cultura nos están afectando de manera significativa por lo que les pedimos que determinen que no han existido violaciones y finalicen las trabas a este proceso», mencionó Gámez Iglesias. «Como propietarios y afectados estamos pidiendo que nos otorguen ese derecho que como ciudadanos nos asiste, tener una vivienda digna», agregó.
Para el vocero de la asociación no han existido violaciones de ningún tipo en torno al proyecto, según lo constatado tras el seguimiento que ha hecho por el proceso que les afecta. «No se han violentado leyes ni se ha dañado el patrimonio cultural, como lo han pretendido hacer ver los titulares de Cultura (Silvia Elena Regalado) y Medio Ambiente (Lina Pohl), además los funcionarios Celina Monterrosa, Irma Flores y Hugo Díaz, detalló Gámez Iglesias», detallaron en un comunicado.
«Hemos seguido el trayecto del proceso y no hay ilegalidad alguna, incluso ya se emitió, por parte de la Comisión Especial formada por los diputados de la Asamblea (Legislativa), que dio un dictamen favorable, que involucró a los participantes del proceso y que ofreció una sugerencia administrativa. Si no hay ninguna ilegalidad en lo que se ha desarrollado, no hay objeto que nosotros sigamos teniendo la dificultad de habitar la vivienda por que ya estamos pagando», explicó el vocero.
Gámez Iglesias resaltó que muchas familias han comenzado a tener dificultades para costear el pago de la casa adquirida y la alquilan ante la imposibilidad de vivir en sus casas compradas. «Ya es una situación casi insostenible, ya que estamos pagando esta casa nueva y algunos pagamos un alquiler en el lugar donde estamos en estos momentos porque no podemos entrar a nuestras viviendas. Ya todo está listo para habitar pero es imposible por ahora. Queremos que se nos ayude», detalló.
«No estamos pidiendo que se nos regale nada. Estamos en todo nuestro derecho de exigir al Ejectuvo el cumplimento de todos los acuerdos a los que se ha llegado y al fin habitar nuestra vivienda. Tenemos un buen tiempo de estar pagando (cerca de ocho meses) y no hemos podido habitarla. Pedimos la oportunidad que habitar la casa que se nos ha entregado», mencionó.