Editorial
La presa El Chaparral, que en tiempos del FMLN se erguía como monumento de forma lenta y sombría, hoy se consolida en la impunidad sobre las ruinas de una gestión que distorsionó el uso de los fondos públicos.
Y no es para menos, el proyecto que inicialmente costaría $207 millones de los contribuyentes se aumentó drásticamente hasta los $759.4 millones al cierre de 2020, cifras alarmantes para un pueblo empobrecido por la avaricia de los últimos cinco gobiernos.
El elevado costo obedece a que el Gobierno del expresidente Mauricio Funes, negoció el contrato con la empresa Astaldi, esgrimiendo el absurdo que la “montaña se había movido”, cambiando el trazo de la construcción y por ende el oneroso proyecto.
Con la presa El Chaparral, el FMLN no solo instauró su monumento a la corrupción, sino que debilitó la institucionalidad, sesgando las reglas del juego a favor de la cúpula de un partido, que cada vez se reduce a un oscuro recuerdo.
Frente a estos hechos el Banco Centroamericano de Integración Económica realizará una auditoría forense en aras de desmembrar la cadena de corrupción donde aún impera la opacidad sobre la cual se esconden los responsables, incluido el ahora nacionalizado nicaragüense, Mauricio Funes Cartagena.
Desde ahora cabe reflexionar que la corrupción instaurada por los gobiernos del FMLN ha sido un lastre que obstaculizó el ascenso que El Salvador ha merecido para alcanzar óptimos niveles de bienestar. En los vaivenes de la corrupción se han movido los últimos Gobiernos, cosechando con ello un caldo de desaprobación del pueblo.
