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Estado Unidos fustigó al gobierno de Costa Rica en su informe anual sobre los Derechos humanos, en el cual detalla las malas condiciones carcelarias que tiene este país centroamericano.
En el informe se detalla que el centro penitenciario La Reforma, un privado de libertad perdió la vida tras originarse un disputa entre varios reos. El hacinamiento dificultó controlar la situación.
Cuando los agentes policiales abrieron la celda, los internos salieron corriendo y provocaron que dos hombres resultaran gravemente lesionados. Las heridas fueron causadas por un arma blanca. Uno perdió la vida tras llegar a un centro hospitalario.
En ese documento se detalla que un periódico presentó una petición de amparo constitucional ante la Corte Constitucional contra el gobierno costarricense supuestamente por denegar el acceso a la información durante las conferencias de prensa sobre la pandemia de coronavirus.
El gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quezada, argumentó que los periodistas no deberían limitarse en el número de preguntas que hacen y que la asociación de esto sector de profesionales también presionó porque explicaran la estrategia de comunicación que utilizaba.
El Fiscal General de este país centroamericano, como policías judiciales realizaron un allanamiento a la Presidencia de Costa Rica como parte de una investigación por el presunto incumplimiento de datos personales, abuso de autoridad y prevaricación por la creación de una unidad de análisis de datos en 2018 sin fundamento legal.
El 17 de febrero, el gobierno costarricense publicó una orden ejecutiva en el diario oficial indicando que la unidad de análisis de datos presidenciales tendría acceso a información confidencial de los ciudadanos; sin embargo, el 21 de febrero de ese año, el gobierno anuló la orden ejecutiva debido a los disturbios ocurridos que llevó a la dimisión del ministro de Presidencia, Víctor Morales.
La violencia contra los indígenas aumentó durante el 2020 y la propiedad de tierras siguió siendo un problema en la mayoría de territorios indígenas. Lo cual provocó el crimen de un líder de este sector identificado como Jerhy Rivera en febrero de ese año
Los observadores expresaron su preocupación por las condiciones laborales de explotación en la pesca, las pequeñas empresas y las actividades agrícolas. Los sindicatos también informaron violaciones sistemáticas de los derechos laborales y las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo, las horas extraordinarias y los salarios en las zonas francas industriales.
Además, los sindicatos informaron que las violaciones al pago de horas extraordinarias, como la falta de pago de salarios y las horas extraordinarias obligatorias, eran comunes en el sector privado y particularmente en las zonas de procesamiento de exportaciones y la agricultura.
Hubo informes de que los trabajadores agrícolas, en particular los trabajadores migrantes en la industria de la piña, trabajaban en condiciones inseguras, incluida la exposición a productos químicos peligrosos sin la formación adecuada.
