Dos doctores y ex empleados del Instituto de Medicina Legal (IML) fueron condenados a pasar sus próximos años tras las rejas luego de ser encontrados culpables de «negociaciones ilícitas continuada» por el
Tribunal 2° de Sentencia.
Se trata de Juan Carlos Monterrosa y su esposa Josefina Morales de Monterrosa. El primero cumplirá una pena de 8 años, mientras que su pareja permanecerá presa por 4 años.
También fue condenada a 4 años la sobrina de la doctora, Sindy Berenice García de Portillo, quien habría sido beneficiada con contratos por parte de ambos médicos.
La última fue hallada culpable de falsedad ideológica, según se determinó en el proceso judicial.
El tribunal basó su fallo en las pruebas como la pericia del vaciado de información de los teléfonos celulares en la que se estableció que hubo comunicación del Doctor (Monterrosa) hacia Sindy, así como los pagos de colegiatura hacia el extranjero (a una hija de Monterrosa) encontrados en la casa de la condenada de Portillo, indica una fuente judicial.
Se determinó que Een la compra directa con referencia (CD022013) en la que la Doctora de Monterrosa adquirió producto a Diprolab, de la que su sobrina Sindy de Portillo era la representante, ésta última en declaración jurada manifestó no tener ningún impedimento para ofertar el producto que ofrecía».
Además, en otra ocasión, el Doctor Monterrosa autorizó la compra exclusiva y directa para suministrar equipo para la extracción genética a la imputada de Portillo, quien «juramentó no tener ningún vínculo con funcionario público».
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), en su artículo 26, prohíbe que familiares de empleados públicos puedan ofertar: “no podrán participar como ofertantes: c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios públicos y empleados públicos mencionados en el literal anterior, así como las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales…».
El juzgador reiteró “que el problema no es de monopolio, el problema acá es la omisión mayúscula de saber que Diprolab S.A de C.V. estaba impedida de ofertar como persona natural o jurídica debido a que la representante de dicha empresa es pariente por afinidad con el Doctor y por consanguinidad con la Doctora “manifestó.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los doctores que laboraron en el Instituto en Medicina Legal (IML) en el área de Genética, de comprar material a través de adjudicaciones en las modalidades de compras directas, compras por licitación y libre gestión a la empresa Diprolab S.A de C.V, representaba por su sobrina García de Portillo quien según documentación firmada por la misma, negó tener vínculo familiar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La investigación inició en marzo de 2016 por aviso de un empleado del IML quien manifestó que la Comisión encargada de evaluar las licitaciones del Doctor Monterrosa encontró irregularidades en el valor de algunos productos adquiridos.