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Desde 2018 hasta 2022, una estructura criminal compuesta por agentes policiales activos, inactivos y civiles se dedicó a cometer robos a instituciones financieras y casas comerciales en los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad; así como tres casos de homicidios, por los cuales cobraban cierta cantidad de dinero.
Uno de los homicidios fue el de un tramitador de Sertracen, a quien el 23 de diciembre de 2019 lo privaron de libertad en San Salvador para después asesinarlo en una finca del municipio de Apopa.
Por estos actos, la Fiscalía General de la República acusó de homicidio agravado, robo agravado continuado y agrupaciones ilícitas a David Orlando Cano Jacobo, Ever Arnoldo Cerritos Quinteros, Arris Eliazar Pérez Cortez, Roberto Carlos García Martínez, Francisco Guardado Henríquez, Francisco Eduardo Ramírez Vicente, José Alberto Ramírez Serpas y a otro imputado ausente.
El Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador ordenó la detención provisional contra los siete imputados presentes por existir indicios suficientes de la probable participación en los delitos, sumado a ello la probable pena de todos los delitos. También otorgó un plazo de seis meses de instrucción para que Fiscalía robustezca su acusación.
