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La Defensoría del Consumidor activó este jueves operativos de inspección a nivel nacional para verificar que los proveedores no realicen cobros indebidos amparados en la fenecida Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC).
Es de recordar que la vigencia del CESC finalizó el cinco de noviembre del pasado 2020.
En ese sentido, el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, se ha desplazado con los equipos de inspección en el Área Metropolitana de San Salvador, para la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras.
El funcionario, advirtió que las tiendas y proveedores, sean estos, grandes, medianos, pequeños o micro, formales e informales, tienen prohibido realizar prácticas abusivas como los cobros indebidos, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor.
Según la información, quienes sigan cobrando el CESC pueden ser sancionados con multa de hasta quinientos salarios mínimos en la industria.
Durante el operativo realizado se supervisó las tarifas de telefonía ofertadas a la ciudadanía y la facturación de las ventas realizadas, con el fin de garantizar que están cobrando de conformidad a las tarifas vigentes autorizadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), las cuales deben estar libres del CESC.
Asimismo, se ha constatado que las recargas de datos y minutos corresponda al monto pagado por los consumidores.
Las autoridades de la Defensoría, han enfatizado que no tolerarán que se vulneren los derechos de las personas consumidoras al realizar recargas de saldo o adquirir bienes o servicios.