Como fraude electoral, así será considerado cualquier impedimento que los salvadoreños tengan por parte de cualquier empresa o institución pública a la hora de votar, expresó el titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, esta mañana de domingo, en un mensaje difundido por medio de redes sociales.
“Cualquier obstaculización que impida el voto será considerado fraude electoral, ya regulado en el artículo 295 del Código Penal con penas de 10 a 20 años de prisión”, expresó el funcionario.
Tajantemente el funcionario dijo que “el derecho al sufragio es un deber ciudadano y absolutamente nadie podrá interrumpir este derecho a la clase trabajadora”.
Asimismo, el funcionario sostuvo que velarán por la protección del derecho que los trabajadores tienen al “sin tolerar presiones o injerencias” y “tanto la empresa privada como las entidades públicas deben respetar su decisión”, pues “ningún empleador puede coaccionar a sus trabajadores para ejercer presión sobre por quién votar”.
Castro agregó que ya están documentando algunas denuncias recibidas sobre problemas de trabajadores relacionados a su derecho de votar.