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En el período municipal que inició el 1 de mayo de 2012, en la alcaldía de El Congo (Santa Ana), el entonces alcalde Edwin Enrique Parada Quezada tomó posesión de su cargo y reunió a los miembros del concejo para plantearles la realización de proyectos para el municipio, solicitando su «vía libre». Esto se debía a que él era ingeniero civil y dueño de una empresa constructora que trabajaba en proyectos de diversas municipalidades.
Posteriormente, Parada Quezada se reunió con algunos empresarios y les propuso llevar a cabo algunas obras. Los empresarios aceptaron la oferta, y él les pidió que prestaran sus nombres a cambio de un porcentaje en facturas, otro en el valor de los proyectos y un porcentaje adicional para cubrir los impuestos generados.
Uno de los empresarios involucrados fue José Roberto Martínez Portillo, quien era el representante legal de la Sociedad Ingenio y Construcción S.A. de C.V., y a quien se le asignó la carpeta técnica del proyecto «Construcción de concreto hidráulico en pasaje No. 1, colonia San Manuel, en El Congo, Santa Ana», con un valor total de 35 mil 720.36 dólares, sin seguir los procedimientos establecidos por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Código Municipal.
En vista de estos hechos, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana llevó a cabo una audiencia pública contra Martínez Portillo, acusándolo de negociaciones ilícitas como cómplice necesario, en perjuicio de la administración pública y, subsidiariamente, en perjuicio de la alcaldía de El Congo. Las pruebas presentadas demostraron que el imputado actuó en confabulación con el alcalde Parada Quezada.
Martínez Portillo, quien era representante legal de la Sociedad Ingenio y Construcción S.A. de C.V., fue declarado culpable y condenado a una pena de cuatro años de prisión, girándose una orden de captura al ser considerado reo ausente. Además, también se le condenó civilmente.
Por otro lado, el exalcalde Parada Quezada enfrenta un proceso abierto en su contra en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, en espera de audiencia preliminar. Aunque ha sido notificado legalmente en diversas ocasiones, no ha respondido a los llamados judiciales realizados.
