La Asamblea Legislativa aprobó, con 54 votos, una reforma al Código Electoral con la que candidatos a diputados deberán presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una certificación de su última declaración patrimonial.
Con esta nueva disposición, los aspirantes a un curul en la Asamblea Legislativa tendrían que cumplir con un nuevo requisito para su inscripción.
La reforma se refiere a los documentos que deben presentar cada partido político cuando inscribe a sus candidatos. Lo mismo sucede con las candidaturas no partidarias. De esta forma, se ha establecido que «los candidatos a cargos de elección popular presenten la certificación de su última declaración jurada de patrimonio la cual será emitida por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia».
Asamblea reforma código electoral para pedir un nuevo requisito a candidatos a diputados o alcaldes. @YeseAguilar_TCS nos dice que deberán presentar los aspirantes.https://t.co/aSxelg8Fwe pic.twitter.com/eeeByaBUQY
— El Noticiero (@elnoticiero_6) July 17, 2020
La propuesta fue introducida en el pleno por parte del parlamentario Ricardo Velásquez Parker, quien celebró la rapidez con la que se aprobó. Expuso que la aprobación a la reforma es “una muestra de querer sanear a quienes serán parte de la Asamblea Legislativa”.
El nuevo requisito se suma a los que ya estaban establecidos, entre ellos la presentación de una solvencia del impuesto sobre la renta y la solvencia municipal del domicilio del candidato. “Y en su caso, finiquito, certificación o constancia extendida por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República, de no tener pendiente al momento de la solicitud, sentencia ejecutoriada, la cual deberá ser extendida a más tardar dentro de los quince días siguientes de haberse presentado la solicitud”, establece el literal F del artículo 160 del Código Electoral.
Los diputados hicieron hincapié en el hecho de que hay funcionarios que no han presentado su declaración de patrimonio ante la sección de probidad y que algunos prefieren pagar multa para no presentar ese informe de sus bienes.
Al finalizar el 2019, un informe de Acción Ciudadana detectó que 283 exfuncionarios de la gestión anterior que tampoco habían cumplido con el mandato constitucional.
