Tomado de La Noticia SV.
«Ya hablamos con el jefe (Douglas Meléndez), por la trayectoria que tienen les va a dar criterio de oportunidad, pero necesitamos que nos den toda la información, sabemos que ustedes están mintiendo y ocultando información. Si no aceptan el criterio serán sometidos al proceso ordinario, los van a ir a detener a sus casas y van a ser exhibidos en los medios» fueron las palabras con las cuales el entonces jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez intentó coaccionar a uno de los fiscales que renunció al criterio de oportunidad a cambio declarar falsamente en el «caso Corruptela».
La revista especializada en temas judiciales «Enfoque Jurídico» resaltó las acciones irregulares cometidas por miembros de la FGR durante la administración de Douglas Meléndez (2016-2019), quien ha sido señalado de utilizar un caso mediático con el único fin de reelegirse al frente de la institución, contra un grupo de fiscales y empleados de la institución quienes fueron sometidos a torturas y coacciones para criteriarse y evitar ser procesados judicialmente.
Los fiscales y empleados administrativos de la FGR detallaron una serie de atropellos a sus derechos constitucionales y tras la salida de Meléndez de la institución optaron por renunciar a la figura del testigo criteriado, ya que afirman desconocer las acciones sobre las cuales la fiscalía les pidió denunciar.
«Yo no tengo por qué aceptar eso”, respondió el fiscal quien respondía al interrogatorio de Cortez. “Si no aceptas ya hay dos policías que sólo esperan mis órdenes para detenerte y hay te defendés en la cárcel”, le dijo el jefe de la UIF, según se desprende del escrito presentado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el pasado 29 de enero 2019.
Otro de los abusos denunciados por los fiscales y empleados institucionales fue la violación al derecho de una representación legal de su preferencia y por el contrario, la FGR utilizó fondos de su presupuesto para pagar abogados defensores particulares.
“Quiero nombrar un abogado”, pidió uno de los empleados interrogados, que obtuvo como respuesta por parte de Cortez: “Nosotros te vamos a nombrar uno” y posteriormente la FGR procedió nombrar a Eduardo y David, los empleados administrativos, a la abogada particular, licenciada Flor de María Carbajal. La abogada al hablar con sus entonces clientes, les expresó “acepten lo que los fiscales les ofrecen y ante el Juez diga que voluntariamente lo ha aceptado, de lo contrario perderán el beneficio”, se lee en la denuncia ante la PDDH.
Los extestigos criteriados expusieron además la persistencia de fiscales asignados a la UIF para que ellos aceptaran situaciones, las cuales no habían visto ni conocían.
“Has oído ‘ayúdate que te ayudaré’, ya vimos tus cuentas no tenés nada, solo deudas, te podés quedar sin trabajo, de hecho ya hay una orden de detención en tu contra, lo mejor es que aceptés, te garantizamos que si aceptás no te detenemos, no registramos tu casa, te vamos a dejar un rato a solas… sólo te recuerdo que ya tenemos un antecedente de condena por seguir instrucciones, del que llevaba las bolsas de dinero en el caso Saca…”, dijo un miembro de la UIF. “¿Seguir instrucciones? Eso es totalmente diferente, nunca supe nada de dinero ni seguí instrucciones contra la ley. Lo que ustedes están haciendo sí es ilegal”, le increpó una fiscal, que fue coaccionada. “Sólo hacemos nuestro trabajo. Pensalo”, agregó el fiscal de la Unidad de Investigación Financiera.
Según lo denunciado, a los empleados administrativos se les informó en agosto de 2018, por parte de la UIF, que ya no tenían la calidad de testigos criteriados, mientras que a los fiscales se les notificó dos meses después. “Si no querían ser detenidos debían colaborar”, les advirtieron.
La publicación detalla que otro dato que muestra la incoherencia por parte de Meléndez entre su discurso y sus actos, fue el nombramiento de su familiar Will Ruiz, como jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado. Will Ruiz fue mano derecha de Meléndez en su gestión.
La persona lesionada fue el conductor del automóvil que impactó al vehículo donde viajaba la diputada Romero, quien resultó ilesa.
