El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó al alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, y a su concejo municipal revelar el contrato con la empresa colombiana Teclaseo S.A. de C.V., el cual fue firmado para 24 años y pagado con fondos públicos.
El abogado Edgar Francisco Lemus Vásquez solicitó la información al IAIP. El instituto ordenó al alcalde tecleño entregar la información sobre el contrato; pero la respuesta fue negativa. Por medio de su unidad de acceso a la información, el alcalde d’Aubuisson respondió que no entregará ningún documento en el que se establecen las condiciones contractuales de la cesión y contrato a 24 años con dicha empresa extranjera.
El profesional jurídico expresa que le negativa es porque “esconden cosas feas”, por lo que pide la Corte de Cuentas de la República (CCR) hacer pública la auditoría especial realizada a la alcaldía, “porque no son fondos propios, sino que están utilizando las tasas, que son dinero de contribuyentes de Santa Tecla”. De igual forma, pide se haga una auditoría a dicha empresa.
De acuerdo con lo auditado por la Corte de Cuentas, el contrato se llevó a cabo sin que se cumplieran los requisitos para contratar, por lo que es “lesivo” a los intereses de los tecleños.
Según el abogado Lemus Vásquez, los fondos “son de origen oscuro y fueron depositados a una persona que no es el socio”. “Tienen terror que se destape la corrupción. Los precios de la contratación están muchísimo más caro que las ofertas otras presentadas”, agrega.
Asegura que tampoco hay evidencia del ingreso de divisas de la empresa colombiana. “Teclaseo no posee relleno sanitario, y ha contratado uno que no cumple con las normas internacionales”, añade.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado al alcalde de Santa Teca en la Fiscalía, porque despidieron sin el debido proceso a 187 trabajadores que tenían más de 20 años de laborar. En entrevistas televisivas, el funcionarios ha exigido al Fiscal General que proceso a d’Aubuisson y su concejo, y que de no hacerlo acudirá a instancias y a foros internacionales para realizar la denuncia.
Castro afirma que el alcalde se ha negado a acatar una sentencia definitiva e inapelable de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le ordena reinstalar a los despedidos en 2018 para privatizar el servicio de recolección de basura en el municipio.
“Quiero pedir al fiscal Raúl Melara que actúe de inmediato porque necesitamos que se respeten los derechos de los trabajadores”, dijo el funcionario, quien agregó que “con estos dos procesos abiertos d’Aubuisson debería de estar preso”.
El abogado Lemus Vásquez lamenta que las instituciones que dicen velar por la transparencia y dicen atacar la corrupción como Funde y Fusades, o los medios que dicen tener periodismo “incómodo” como El Faro, no se pronuncian sobre el caso y tampoco investigan.
