La tarde del martes, para sorpresa de muchos, el Juzgado Noveno de Paz se declaró incompetente para conocer sobre el caso de cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) que renunciaron a ser testigos criteriados, a pesar de tener beneficios penales, en caso denominado “Corruptela”.
De acuerdo con el informe, a los fiscales Carolina Nóchez, Yesenia Ayala, Marta Colindres y Mauricio Aguilar se les imputan los cargos de falsedad documental agravada, falsedad ideológica y privación de libertad por funcionario o empleado público. Mientras que a los a los trabajadores administrativos, Damián Cabrera y Giovanni Gutiérrez, se les acusa de los cargos de peculado por 426 mil dólares.
Según señalaron los mismos acusados, ellos optaron por ser testigos criteriados en el caso “Corruptela”, pero no por voluntad propia, sino porque el exfiscal Douglas Meléndez los había coaccionado.
Este es uno de los procesos judiciales más grande que enfrenta la justicia en el país, pues involucra personajes como el extitular de la FGR Luis Martínez, algunos de sus cercanos colaboradores, el expresidente Mauricio Funes, y el empresario Enrique Rais.
Debido a que el Juzgado Noveno de Paz se declaró incompetente, y si el Juzgado Séptimo de Paz tomara el mismo camino, uno de los fiscales acusadores dijo que lo que podría haber es un conflicto de competencia, por lo que será la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien defina competencia.
